Dos años desde la desaparición forzada de Luciano Arruga y a propósito de la baja de edad de imputabilidad
El 31 de enero de 2009 fue secuestrado y desaparecido Luciano Arruga, uno de tantos jóvenes de las barriadas pobres del conurbano bonaerense. Según el relato de su familia, Luciano era constantemente hostigado por la policía de Lomas del Mirador para que cometiera delitos, habiendo sido su negativa a participar la que generara las detenciones, torturas y finalmente su desaparición forzada.
Esta crónica que comienza con el intento de reclutamiento por parte de la policía y que continúa con represalias, torturas y una desaparición forzosa, reviste una profunda gravedad no sólo por el caso en sí mismo, sino porque es una muestra de miles de casos que se multiplican y que ponen a las fuerzas policiales y a los poderes ejecutivo y judicial, en la evidencia del fracaso absoluto en la democratización de las fuerzas de seguridad.
Si bien existen elementos sobrados en la causa para presumir que existió participación y connivencia de la policía de Lomas del Mirador en la desaparición de Luciano, el Gobernador Scioli y su Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, mantuvieron en funciones a todos los agentes policiales que se encuentran sospechados de haber participado en este hecho. El ejecutivo provincial no solo ha fomentado el autogobierno de la fuerza policial más grande, corporativa y corrupta del país, sino que también se empeña en fomentar la impunidad en hechos que representan con claridad el retroceso democrático de las “fuerzas de Seguridad”.
Por su parte el poder judicial ha hecho la vista gorda y sigue investigando este caso como una búsqueda de paradero, es decir como si se tratara de una persona que se extravió en la calle. Esto constituye un lamentable paralelismo con lo ocurrido en el caso de Jorge Julio López, en el cual la investigación permaneció un tiempo valioso en esa misma línea de investigación de paradero y bajo la dirección de la policía de la Provincia de Buenos Aires, la misma sospechada de participar en su desaparición.
En estos momentos en que se re-instala el debate sobre la baja de edad de imputabilidad, es oportuno agregar un elemento más a la lista contundente de negativas a esta propuesta. Ninguna reforma legislativa puede ser tenida por seria sino evalúa previamente quienes serán los operadores que las implementarán. En el caso de la baja de edad de imputabilidad hay que saber que, esos niños a los que se pretende incluir en el “proceso de resocialización”, quedarán bajo el control territorial de la “mejor policía del mundo”, es decir la del asesinato de José Luis Cabezas, la desaparición de Miguél Brú, los asesinatos de Kosteky y Santillán y ahora la desaparición forzosa de Luciano Arruga. Será los mismos operadores judiciales que hoy avalan la tortura y las inhumanas condiciones de detención los que irán a velar las garantías de quienes serán los nuevos clientes del sistema penal: niños y jóvenes, que como Luciano Arruga, habitan las barridas pobres.
Por lo tanto, el debate que se impone no es el de la baja de edad de imputabilidad, sino el de la democratización de las fuerzas de seguridad y el de la efectiva implementación de las leyes de promoción y protección de la niñez y adolescencia, tareas estas que el ejecutivo provincial se ha negado a llevar adelante y que constituyen claros retrocesos en materia de Derechos Humanos.
Acompañamos el reclamo de la familia y amigos de Luciano Arruga y a las organizaciones que siguen luchando por el esclarecimiento del caso y el enjuiciamiento de los responsables. Nos sumamos al pedido de separación de la fuerza policial de todos los sospechados de participación en este hecho y de su cambio de calificación al de Desaparición Forzada de persona.
Comunicado: Junto Promotora Proyecto Sur La Plata