Movilización a Plaza de Mayo en apoyo a los trabajadores de Terrabusi
Si alguna vez alguien dudó de cuál es el papel del Estado respecto de la clase obrera y el pueblo, y cuál es su rol para defender a las patronales alcanza con observar los últimos hechos políticos que vivimos en el país.
Cuando los "piqueteros terratenientes" provocaron cortes en rutas públicas, provocando desabastecimiento de toda la población el año pasado, el Estado mandó a la Gendarmería desarmada a persuadirlos. Ni una bala de goma, ni un gas lacrimógeno, ni un palazo para nadie. Mucho menos causas penales a los responsables.
Cuando Kraft Food (ex Terrabusi) despidió a 162 trabajadores, el mismo Estado mandó a la policía armada hasta los dientes para proteger la propiedad privada. En contra de obreros que habían cometido el “delito” de luchar por la preservación de sus puestos de trabajo.
Quedó más que claro que el gobierno sólo está para gerenciar los intereses de la clase dominante, por más verso progresista que pregone. Hará todo lo posible para preservar hasta las últimas consecuencias la posición de la patronal, represión incluida (por el mismo ejecutor de la represión que costara la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el puente Pueyrredón, en 2002).
Esta es la seguridad jurídica que tanto se exige. Ha quedado demostrada la complicidad del Gobierno Nacional y Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, apoyado por la CGT y el Sindicato de la Alimentación, utilizando la justicia penal para la resolución del conflicto. Pero claro, no para hacer acatar a la empresa las medidas dispuestas en la conciliación obligatoria. Si no más bien todo lo contrario: utilizando los mismos criterios imperantes durante el Proceso.
La fiscal interviniente en la causa, Laura Capra, fraguó causas penales contra los trabajadores, a quienes se los hacía comparecer ante ella con la presencia de los gerentes de cada área, para así corroborar quién colaboraba con la empresa y quién no.
Cuando a comienzos de la semana escuchábamos decir a un personero del gobierno que el conflicto era alentado por la “ultraizquierda”, los que conocemos a estos “progresistas” -que hacían acuerdos económicos y alianzas con los genocidas del Proceso y levantaban la mano en el Congreso para convalidar el saqueo de nuestros recursos naturales mientras gobernaba Menem- ya presumíamos un final con represión. Aunque no pensábamos que podían llegar a tanto.
Lo único rescatable de esta situación es que el pueblo todo hoy puede percibir, a pesar del grosor del maquillaje que cubre este supuesto "modelo popular", el nivel de hipocresía y perversidad de quienes son sus máximos ejecutores.
Ante estos acontecimientos donde se han violado los derechos más elementales de los trabajadores decimos:
NO ESTAMOS DISPUESTOS A CONVALIDAR LA CRIMINIZACIÓN DE LA PROTESTA.
NO ACEPTAMOS LA POLÍTICA DEL GARROTE INSTRUMENTADA POR LOS CIPAYOS Y GERENTES NATIVOS DEL IMPERIO.
RECLAMAMOS UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE LA EX TERRABUSI Y LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EN LUCHA POR SUS PUESTOS DE TRABAJO.
MOVILIZACIÓN A PLAZA DE MAYO EL LUNES 28 DE SETIEMBRE A LAS 17.30 HORAS
CONVOCAMOS AL PUEBLO ARGENTINO A APOYAR SIN RESERVAS A LOS TRABAJADORES DE KRAF-TERRABUSI
Proyecto Sur
Regional Zona Norte